El milagro mexicano.
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martes, 21 de junio de 2011
El milagro mexicano
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L a guerra cristera
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La Guerra Cristera (también conocida como Guerra de los Cristeros o Cristiada) en México consistió en un conflicto armado que se prolongó desde 1926 a 1928, entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que resintieron la aplicación de legislación y políticas públicas orientadas a restringir la autonomía de la Iglesia católica.
La original Constitución mexicana de 1917 establecía una política que lejos de separar al Estado de la Iglesia, negaba la personalidad jurídica a las iglesias, subordinaba a éstas a fuertes controles por parte del Estado, prohibía la participación del clero en política, privaba a las iglesias de su derecho a poseer bienes raíces, desconocía derechos básicos de los así llamados "ministros del culto" e impedía el culto público fuera de los templos. Algunas estimaciones ubican el número de personas muertas en un máximo de 250 mil, entre civiles, efectivos de las fuerzas cristeras y del Ejército Mexicano.
Contenido |
[editar] Antecedentes
[editar] La Ley Calles
Es de 1925, con apoyo de la CROM se creó la Iglesia Católica Nacional Mexicana, dotándola de edificios, recursos y medios para romper con El Vaticano. Confrontada con esta situación, la Iglesia intentó reunir dos millones de firmas para proponer una reforma constitucional. La petición de los católicos mexicanos fue rechazada. Los católicos llamaron y realizaron un boicot para no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la Lotería Nacional, ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. Esto causó severos daños a la economía nacional, al tiempo que sirvió para que las posiciones de distintos grupos dentro de la propia Iglesia católica en México se radicalizaran.
Los Cristeros
El origen del sustantivo cristero es disputado. Hay quienes consideran que fueron ellos mismos quienes utilizaron el nombre primero para identificarse, pero hay investigadores del fenómeno, como Jean Meyer, quienes consideran que, en sus orígenes, era una expresión despectiva, usada por agentes del gobierno federal, derivada de cristiano.
En todo caso, los que se conocían como cristeros fueron capaces de articular rápidamente una serie de descontentos locales con las consecuencias de la Revolución Mexicana, así como de aglutinar en torno suyo a grupos que, por distintas razones, se oponían a lo que ya para entonces se conocía como el "Grupo Sonora", nombre creado por el origen sonorense de los presidentes Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. No sólo eso, la Cristiada, como también se le conoce, logró un uso muy eficaz de símbolos religiosos profundamente arraigados en las prácticas colectivas en México. Este uso de símbolos como la Virgen de Guadalupe.
La Guerra
En segundo lugar, porque México recién había superado un prolongado y muy costoso conflicto armado que ensagrentó durante poco más de siete años buena parte del país. No sólo eso, los cristeros eran un ejército irregular (a pesar de que contaron con algunos militares de carrera en sus filas), que no esperaban recibir pago y que no contaban con mecanismos formales de aprovisionamiento, reclutamiento, entrenamiento, atención a sus heridos o cuidado de los deudos. A diferencia de otros grupos armados en la historia de México, no practicaron la así llamada 'leva' (una práctica por la que se obliga a personas a sumarse a un ejército). Finalmente, a diferencia muchos grupos armados durante la revolución y antes durante el siglo XIX, el mercado estadounidense de armas estuvo —al menos formalmente cerrado para este grupo, por lo que no pudieron adquirir armas o municiones y debían depender de armamento anticuado (mucho de él excedentes de la Revolución de 1910-1917) y operar con muy escasa munición.
En 1928, luego de una tortuosa reforma de la Constitución de 1917 y a pesar de que la Revolución mexicana había iniciado al grito de "sufragio efectivo, no reelección", el ex presidente Álvaro Obregón contendió como candidato virtualmente único en las elecciones presidenciales. El Grupo Sonora, se pensaba en ese entonces, repetiría la fórmula seguida 40 años antes por el grupo Oaxaca, encabezado por Porfirio Díaz, para reformar paulatinamente la Constitución. Se decía, sin embargo, que Obregón —a diferencia de Calles— no tenía interés en continuar con el conflicto, por lo que llegaría a un acuerdo para acabar con la guerra. Obregón, sin embargo fue asesinado por José de León Toral en el restaurante "La Bombilla" en el Distrito Federal. Obregón había acudido ahí a participar de un desayuno ofrecido por los legisladores del bloque parlamentario que le apoyaba.
Las negociaciones
Al llegar a Emilio Portes Gil, comenzó una larga negociación, en la que participó como mediador, el recién llegado embajador estadounidense Dwight Morrow. Por su parte, la Santa Sede designó al todavía Obispo de Tabasco Pascual Díaz Barreto, como secretario del Comité Episcopal nombrándolo "intermediario oficial" para solucionar el conflicto Iglesia-Estado, a pesar de provenir de una diócesis pequeña, marginada y muy golpeada por los excesos de los gobiernos federal y estatal en la aplicación de las leyes en materia de relaciones Estado-Iglesia. Junto con el delegado apostólico Señor Leopoldo Ruiz y Flores, se entrevistaron con el presidente, Lic. Emilio Portes Gil, para llegar a un acuerdo el 21 de junio de 1929 sobre la cuestión religiosa.[1]Se logró un acuerdo de amnistía general para todos los levantados en armas que quisieran rendirse. Se acordó devolver las casas curales y episcopales, y evitar mayores confrontaciones en lo sucesivo. Sin embargo, para ese entonces existía una profunda división en el seno de Iglesia en México. La fractura afectaba desde la cúpula episcopal hasta los laicos. Entre los obispos, la mayoría estaba a favor de un acuerdo con el gobierno, pero habían tres, muy combativos, opuestos al acuerdo. El más decidido de los obispos en contra del acuerdo fue monseñor Leopoldo Lara y Torres, obispo de Tacámbaro en Michoacán. En el otro extremo, presionando para que se lograra un acuerdo con el gobierno, se encontraban los obispos de la Ciudad de México José Mora y del Río y de Tabasco Pascual Díaz Barreto S.J.
Más importantes, acaso, que las divisiones fueron las consecuencias que el conflicto y el desempeño de los laicos católicos vinculados a la Liga tuvieron para marcar el futuro de las relaciones entre laicos y obispos en el seno de la Iglesia católica en México. Como consecuencia de la ruptura entre la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa y los obispos mexicanos, estos últimos desarrollaron una política de creciente centralización y control de las actividades de los laicos católicos mexicanos por medio de la Acción Católica Mexicana.
En todo caso, la Liga y la mayoría de los efectivos de los ejércitos cristeros no aceptaron el acuerdo, así que estimaciones de personajes cercanos a la Liga señalan que de unas 50 mil personas involucradas directa o indirectamente en las acciones militares, sólo 14 mil depusieron las armas, aunque estas cifras han sido motivo de debate.
Batallas Importantes
- Batalla de Tepatitlán
- Batalla de El Fresnal
- Asalto de Manzanillo
- Batalla de Piedra Imán
- Batalla de Caucentla
- Batalla de Los Rubios
- Batalla de Tenaxcamilpa
- Batalla de Nogueras
- Batalla del Borbollón
- Batalla de Mezquitic
- Batalla de San Julián
Fin del conflicto
En ese Grito, 21 de julio de 1934, Calles--en su oficiosa condición de "jefe máximo de la Revolución mexicana"--hacía un llamado para que Revolución, triunfante en lo militar, se trasladara a partir de ese momento al ámbito de la conciencia, de la educación y, de manera más específica, de la educación de los niños. El Grito de Guadalajara marcó el inicio de una serie de reformas al sistema educativo mexicano que culminaron con el proyecto de la así llamada "educación socialista".
Las tensiones creadas por el Grito fueron de tales dimensiones que, una vez más, se organizaron una serie de movilizaciones que, por su magnitud son conocidas como "La Segunda", es decir, la segunda cristiada, aunque en esta ocasión no hubo fracturas en el seno del episcopado.
No sólo eso. Desde Roma, el Papa Pío XI, consternado ante lo que parecía el inicio de un nuevo ciclo de violencia en México, publicó la encíclica Acerba Animi en septiembre de 1932. Acerba Animi[1] pertenece, junto con Non abbiamo bisogno (junio de 1931), Mit Brennender Sorge (Con viva preocupación)dependiendo de lo dicho anterior mente en marzo de 1937, y Nos es muy conocida de marzo de 1937 a un muy reducido número de encíclicas dedicadas a criticar las políticas de los gobiernos de México (Acerba Animi y Nos es muy conocida[2]), de la Alemania Nazi (Con viva preocupación[3]), y de la Italia de Mussolini (Non abbiamo bisogno[4]), especialmente por las políticas anti-católicas desarrolladas durante este periodo por los gobiernos de esos tres países.
En 1925, con apoyo de la CROM se creó la Iglesia Católica Nacional Mexicana, dotándola de edificios, recursos y medios para romper con El Vaticano. Confrontada con esta situación, la Iglesia intentó reunir dos millones de firmas para proponer una reforma constitucional. La petición de los católicos mexicanos fue rechazada. Los católicos llamaron y realizaron un boicot para no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la Lotería Nacional, ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. Esto causó severos daños a la economía nacional, al tiempo que sirvió para que las posiciones de distintos grupos dentro de la propia Iglesia católica en México se radicalizaran.
El modus vivendi
A pesar de las tensiones generadas por el Grito de Guadalajara, el gobierno mexicano contribuyó a esta fórmula de relaciones nicodémicas decidiéndose a no aplicar la legislación en materia de cultos, a moderar las reformas en materia educativa (la así llamada "educación socialista" era un lejano recuerdo ya para finales de la década de los cuarenta), pero sobre todo a centralizar, una vez más en la figura del presidente, el manejo de la relación con la Iglesia, con lo que se evitaban nuevos episodios de radicalización a cargo de gobernadores como sucedió en Tabasco con Tomás Garrido Canabal.Esta decisión fue correspondida por la Iglesia. Los obispos mexicanos "ungieron" al arzobispo de México como interlocutor oficioso con las autoridades federales (los obispos del país no se pronunciarían en materias de política nacional, dejando cualquier opinión en manos del arzobispo de México). No sólo eso, México fue uno de los pocos países del mundo en el que el delegado apostólico fue un obispo del propio país. Esto fue así en el periodo 1927-1951. Durante este tiempo, la representación de la Santa Sede en México fue ejercida sucesivamente por los arzobispos Pascual Díaz Barreto (de la ciudad de México de 1929 a 1936), Leopoldo Ruiz y Flores (de Morelia de 1936 a 1941) y Luis María Martínez (de la ciudad de México de 1941 a 1951).
Al hacerlo así, se constituyó en México lo que distintos analistas de las relaciones Estado-Iglesia han calificado como un modus vivendi, un "modo de vivir" entre las autoridades civiles que optaban por no aplicar las leyes y las autoridades religiosas que decidieron no disputar de manera pública las condiciones que les habían sido impuestas.
Durante este periodo, las relaciones Iglesia-Estado en México oscilaron de buenas con Manuel Ávila Camacho, el primer presidente en mucho tiempo en declararse públicamente como católico, a excelentes con Miguel Alemán (monseñor Luis María Martínez se convirtió en una figura omnipresente en las giras y actividades públicas del presidente veracruzano), a ser de colaboración con Adolfo López Mateos (quien logró que en su campaña presidencial de 1958 un sacerdote en el de Zacatecas--Antonio Quintanar, párroco de Tlaltenango--pronunciara, a pesar del artículo 130, un discurso apoyando su candidatura el 1 de febrero de ese año), a tensas con Luis Echeverría Álvarez y finalmente a insostenibles con José López Portillo, quien debió asistir--acaso sin reconocerlo--a los "funerales públicos" del modus vivendi y la legislación entonces vigente en México. Lo que es más, los "funerales" fueron presididos por el entonces recién electo Papa Juan Pablo II.
Juan Pablo II acudió a México, en enero de 1979, a inaugurar la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, México. Sin embargo, su viaje motivó una serie de espontáneas expresiones de apoyo y alegría por su presencia en la capital del país, que hicieron impensable la aplicación de lo dispuesto por el artículo 130 de la constitución y sus leyes reglamentarias, en materia de expresiones de culto público.
En los próximos años, la Iglesia, especialmente los líderes de la Conferencia del Episcopado Mexicano como Ernesto Corripio Ahumada, lanzaron una serie de retos a la legislación vigente en el país que culminaron en 1992. Fue entonces cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari promovió una serie de reformas a los artículos 3, 5, 27, 28 y 130 de la Constitución, apoyadas por una abrumadora mayoría de diputados y senadores del Congreso electos por los tres principales partidos políticos de México (Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática). El siguiente paso ocurrió cuando se reanudaron, luego de más de un siglo de estar interrumpidas, las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede para dar paso, finalmente, a la promulgación de nuevas leyes reglamentarias de las relaciones Estado-iglesias.
La nueva legislación otorga personalidad jurídica a las iglesias y devolvió parcialmente los derechos políticos a los así llamados "ministros de culto", que ahora pueden votar. Sin embargo, la legislación mexicana aún desconoce el derecho de los "ministros de culto" a ser votados, además de que impone mecanismos muy restrictivos para el ingreso de personal religioso extranjero a México. La personalidad jurídica de las iglesias está limitada también en lo que hace a su capacidad para ser propietarias de bienes inmuebles y especialmente para ser propietarias u operar medios de comunicación electrónicos.
La guerra cristera dejó una huella profunda en la vida pública mexicana. En un sentido, dejó en clara la disposición de grupos de laicos dentro de la Iglesia a confrontarse con los líderes de ésta. Las autoridades civiles debieron reconocer la imposibilidad práctica del modelo de relaciones Estado-Iglesia definido por la original Constitución de 1917. Los líderes formales del catolicismo mexicano, especialmente sus obispos, fueron obligados a desarrollar estrategias autónomas de organización y financiamiento de sus actividades. Este modelo, sin paralelo en América Latina, ha hecho del catolicismo mexicano un caso atípico cuando se le compara con las experiencias del catolicismo en el resto de hispanoamérica.
Otra consecuencia clave de la guerra cristera para el futuro de México lo fue la de su contribución a la conformación de movimiento social y partido político de distinta orientación ideológica. El más importante de todos fue, durante la década de los treinta, el sinarquismo, como un movimiento social de base católica y campesina, que nutrió primero a la Unión Nacional Sinarquista, y, ya durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo veinte, a varios partidos políticos, como el Partido Demócrata Mexicano y la Unión Nacional Opositora. Esta vertiente, sin embargo, se agotó durante los noventa para terminar fusionándose de manera informal en el Partido Acción Nacional.
Véase también
- Revolución Mexicana
- Iglesia Católica Apostólica Mexicana
- Cristeros
- José Joaquín Pérez Budar
- Miguel Agustín Pro
- Pascual Díaz Barreto
Enlaces externos
- TIERRA DE MARTIRES: El Conflicto entre el Estado y la Iglesia
- Los cristeros: antecedentes, guerras y actualidad
Referencias
- ↑ Diócesis de Tabasco. «Obispos de Tabasco». Consultado el 4 de febrero de 2011.
- Bravo Ugarte, José. “Cómo se llegó al modus vivendi de 1929” en Temas históricos diversos. México, Jus, 1966, pp. 265-275.
- Calles , Plutarco E. Plutarco Elías Calles. Correspondencia personal (1919-1945). México, FCE-Gob. de Sonora-Instituto Sonorense de Cultura, 1991.
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- Iraburu, Jose María. Hechos de los apóstoles en América, Fundación Gratis Date, Estella 1.999
- Lamadrid Sauza., José Luis. La larga marcha a la modernidad en materia religiosa. México, FCE, 1994.
- Lara y Torres, Leopoldo. Documentos para la historia de la persecución religiosa en México. México, Jus, 1972.
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- Loaeza, Soledad. “Notas para el estudio de la Iglesia en el México contemporáneo” en Religión y Política en México. México, Siglo XXI, 1985. Pp. 42-58
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- Meyer, Jean. El catolicismo social en México hasta 1913. México, Imdosoc, 1985.
- Meyer, Jean. Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX. México, Vuelta, 1989. (1989:a).
- Meyer, Jean. La cuestión religiosa en México. México, Imdosoc, 1989. (1989:b).
- Meyer, Lorenzo. "La institucionalización del nuevo régimen" en Historia General de México, Colegio de México, México, 2000.
- Munari, Tiberio María. Derramaron su sangre por Cristo, Ediciones xaverianas, Guadalajara, México, 1.998.
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- Savarino, Franco, y Andrea Mutolo (eds.) Del conflicto a la conciliación: Iglesia y Estado en México, siglo XX, México, El Colegio de Chihuahua / AHCALC, 2006.
- Soriano Núñez, Rodolfo. En el nombre de Dios. Religión y democracia en México. México, Insitituo Mora-Imdosoc, 1999.
- Andrés Azkue, "La Cristiada. Los cristeros mexicanos (1926-1924)". Barcelona, 1999, Historia viva. ISBN 84-931097-2-X.
" ''La bibliografía sobre el movimiento cristero es escasa. Los sucesivos gobiernos e instituciones mexicanas han tratado de borrar su historia. Gracias a Jean Meyer se ha podido reconstruir esta historia y recoger buena parte de los testimonios cristeros. En España, exceptuando la amplia difusión de la novela "Héctor" , sobre la vida de un cristero, entre los combatientes carlistas de la Guerra Civil Española de 1.936, prácticamente ha pasdado desapercibida su historia. En el verano de 1.998, la revista Ahora-Información (nº 34, julio-agosto), publicó un extraordinario sobre los cristeros que obtuvo una amplia repercusión agotando la edición especial. "
- Álex Rosal, " Masonería , represión anticatólica y cristeros ". Madrid, junio y julio de 2007, Revista Chesterton, (www.chesterton.es)
" ''Ya lo decía el Presidente mexicano Emilio Portes Gil en 1929: "En México, el Estado y la masonería son una misma cosa". El propio Portes Gil fue Gran Maestre "
" ''Los cristeros estaban dispuestos a luchar hasta derogar las leyes que perseguían a la Iglesia, pero el Gobierno, tenía urgencia por terminar el conflicto, "
Ficción
- Elena Garro: "Recuerdos del porvenir", (Novela)
- Jesús Goytortúa Santos: Pensativa, (Novela).
- Graham Greene: El Poder y la Gloria, (Novela).
- Juan Rulfo: El Llano en llamas, (Colección de cuentos).
- Álvaro Pombo: Una ventana al norte, (Novela).
- Agustín Yáñez: "Al filo del agua", (Novela)
El cardenismo
El cardenismo
CARDENISMO
LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO(1895-1970)
Nació en Jiquilpan, Michoacán el 21 de mayo de 1895. Fueron sus padres Dámaso Cárdenas y Felícitas del Río, de mediana posición económica. La temprana muerte de su padre lo hizo trabajar, tras terminar su primaria; aprendió tipografía y trabajo en la oficina de rentas de Jiquilpan. Participó en varios hechos de armas y a finales de 1914 marchó a Sonora donde se puso a las órdenes del General Plutarco Elías Calles, con quien ganó en combate el grado teniente coronel. El 28 de Agosto de 1931 fue designado secretario de gobernación de Ortíz Rubio, cargo en el que mantuvo el 15 de Octubre, fecha en la que volvió a Michoacán, hasta completar el periodo para el que había sido electo. La elección de su mandato se celebró el primer domingo de Julio de 1934, y se le acreditó el triunfo por amplísimo margen. Tomó posesión de la presidencia el 1 de Dic. De 1934. Formó su gabinete con hombres leales al callismo; su único secretario de confianza, paisano identificado con él fue el general Francisco J. Mújica, con quien se destacó el constituyente de 1917.
El país vivía una intensa agitación laboral por los desastrosos efectos de la gran depresión de 1929-1933. Los gobiernos estatales, el congreso federal y los congresos estatales estaban dominados por el jefe máximo. Para fortalecer su gobierno, Cárdenas no tuvo al principio más opción que apoyarse en los grupos de obreros y campesinos, en el pueblo del que dimanaba su poder. Quiso gobernar con su pueblo al frente y no en contra ni a sus espaldas. El pueblo le daría su fuerza y el presidente atendería sus justos y antiguos reclamos.
En el campo el auxilio que presto el pueblo a Cárdenas fue igualmente valioso. Haciendo realidad las promesas de reivindicaciones agrarias que se habían detenido desde el gobierno callista y sus sucesores, Cárdenas prosiguió su labor de reparto de tierras, creación de instituciones crediticias en beneficio de los campesinos, constitución de sociedades económicas que les beneficiara, construcción de obras de riego, etc...
Tanto la CCM y aún la más radical CNC le sirvieron para canalizar el apoyo de vastos sectores que veían unificadas sus peticiones. Muchas de las peticiones que Cárdenas cumplió se hicieron incluso contra políticos ligados al callismo. Se suprimieron concesiones muy productivas que tenían altos jefes de armas, por lo que Calles le criticó fuertemente. Así mismo amagó a los trabajadores con la intervención del ejército lo que implicaba público menosprecio por su autoridad.
Durante su gobierno, Cárdenas tuvo cuatro grandes proyectos:La reforma agraria, la organización de los obreros, la educación socialista y Expropiación petrolera.
Política agraria
El problema del campo, que siempre había sido el más difícil, fue el que más le preocupó a Cárdenas. Los campesinos estaban muy inconformes con la injusticia que vivían, además habían participado en la revolución para lograr un reparto de tierras, y ninguno de los gobiernos revolucionarios les había resuelto esa situación. La Iglesia tenía la mayor parte de las tierras y la mínima parte de ellas en el país le pertenecía a los ejidos.
El proyecto de Cárdenas era muy distinto al de todos los gobiernos anteriores, él no creía que las tierras del campo mexicano debían darse individualmente sino que debían dividirse en ejidos. Fue así que el gobierno cardenista comenzó a repartir las mejores tierras a los campesinos pobres y además se encargó de expropiar tierras de gran riqueza agrícola en Durango, Coahuila, Sonora y Yucatán.
A todo ese reparto de tierras y política sobre el campo se le llamó reforma agraria. Esa reforma también se realizó en estados del país donde no habían luchado ni zapatistas ni villistas, como por ejemplo Chiapas.
En Chiapas los campesinos vivían en condiciones de miseria extrema desde el porfiriato. Los campesinos chiapanecos, mayoritariamente indígenas, coincidieron con la reforma agraria de Cárdenas. De esa forma, el gobierno era el principal propietario de las tierras y se encargaba de repartirlas. Esto hacía que los campesinos estuvieran agradecidos con él. Bajo el gobierno de Cárdenas se creó la Confederación Nacional Campesina (CNC) y todos los campesinos que habían recibido tierra entraban automáticamente a la CNC y al PNR.
Hubo grupos de campesinos que no estuvieron de acuerdo en que las tierras se repartieran a las comunidades ejidales y formaron un movimiento para resistir al reparto de tierras, ellos se hacían llamar sinarquistas, en ese movimiento había mucha gente que había participado en la Guerra Cristera de los años veinte. El grupo rechazaba los ejidos colectivos y exigía garantías para los pequeños propietarios, es importante saber que algunos sinarquistas simpatizaban mucho con la tendencia nazi e incluso, llevaban swásticas bordadas en sus camisas.
Política obrera
A Cárdenas le interesó resolver los problemas que enfrentaban los campesinos y obreros mexicanos. Él estaba convencido de que el Estado debía dirigir las industrias y con ese fin dio facilidades para mejorarlas, además incrementó la inversión para construir carreteras modernas y vías férreas.
Para el cardenismo fue muy importante contar con el apoyo de los obreros y resolver sus demandas. En el país habían ocurrido muchas huelgas, los obreros vivían en condiciones de pobreza y Cárdenas las apoyó diciendo que eran un medio para que los trabajadores defendieran sus condiciones de vida.
Como recordarás, bajo el gobierno de Carranza se había creado la CROM que agrupaba a los obreros mexicanos. Los líderes de la CROM eran muy corruptos y Cárdenas decidió que era necesario disolver la confederación. De ahí surgieron nuevos líderes como Vicente Lombardo Toledano que se encargó de formar una nueva organización: la Central de Trabajadores Mexicanos (CTM) que también formaba parte del partido oficial, el PNR.
De la CTM surgió un líder lechero muy importante llamado Fidel Velázquez y que poco a poco tomó el control total de la nueva organización. La CTM se constituyó en una parte más del sector obrero. Todos los obreros mexicanos que estuvieran afiliados a la CTM pertenecían al partido oficial. Si te fijas bien, con esto, Cárdenas consiguió que tanto campesinos como obreros estuvieran afiliados a aquél.
Bajo el cardenismo, el PNR cambió de nombre al de Partido de la Revolución Mexicana (PRM).
La Educación Socialista
PNR y Cárdenas implementaron la escuela socialista.
Concepto del general Lázaro Cárdenas: “Intensificará la obra cultural que la Revolución ha emprendido para la emancipación del pueblo laborante, preparándolo científica y socialmente ”
Reformó el art. 3ro Constitucional que implica la implantación de la enseñanza socialista el cual quedo redactado en los siguientes terminos: “Art. 3. La Educación que imparta el Estado sera socialista, y ademas de excluir toda doctrina religosa, convatirá el fanatismo y los perjuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear un concepto racional y exacto del universo y de la vida Social.
Solo el Estado (federación, estado, municipio) impartirá educación primaria, secundaria o normal. Podran consederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en cualquier de los tres grados anteriores……”
La expropiación petrolera
Durante su gobierno, Cárdenas se empeñó en devolver la propiedad de las empresas industriales más importantes a los mexicanos y para esto expropió grandes latifundios. Uno de los grandes negocios en manos de extranjeros era el petróleo. Las compañías petroleras extranjeras explotaban a los trabajadores mexicanos, pues no querían mejorar los salarios de sus trabajadores y en cambio, las compañías tenían ganancias millonarias.
Los obreros petroleros hicieron huelgas y recurrieron a la Suprema Corte a demandar mejores salarios y condiciones laborales, la Corte decidió que era necesario que las empresas extranjeras dieran un aumento justo a sus trabajadores. Como las compañías petroleras estaban acostumbradas a que los presidentes de México las protegieran, no respetaron el fallo de la Corte y propusieron un aumento de salarios que era ridículo diciendo que no tenían dinero para aumentar el sueldo a sus trabajadores. Entonces el sindicato de trabajadores petroleros decidió hacer una huelga en mayo de 1937.
Cárdenas intervino para evitar la huelga y decidió analizar si las empresas realmente estaban en condiciones de pagar el aumento que los obreros solicitaban. Después de una investigación profunda, se concluyó que las empresas tenían la capacidad para dar un aumento de sueldo. Como ya terminaba el plazo para que las empresas petroleras acataran las órdenes de la Suprema Corte, Lázaro Cárdenas tomó la decisión de que si no incrementaban los sueldos, se expropiarían las diferentes industrias petroleras sustrayéndolas de manos extranjeras.
Economía.
De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales, el promedio anual de crecimiento del PIB a precios constantes fue de 4.48%, aunque con ritmos variables como se muestra en el siguiente cuadro:
En la década que corre de 1930 a 1940, el crecimiento promedio anual de la población fue de 1.7%.
Según NAFINSA, el producto por habitante pasó de 221 pesos corrientes en 1934 a 396 pesos en 1940; es decir, se incremento 79.2% en seis años.
Tomando en cuenta los primeros cuatro años del sexenio cardenista el ritmo de crecimiento annual de algunas ramas fue:
-Agricultura: 3.6%
-Ganadería: 2.7%
-Minerales Metálicos: 5.8%
-Petróleo: 1.7%
Expropiación de las compañías petroleras
A la nación:
La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron a los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los Tribunales del Trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un medio eficaz que evite definitivamente, para el presente y para el futuro, el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada. Hay que considerar que un acto semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias, y establecería las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias de cualquier índole establecidas en México y que se vieran en conflictos con sus trabajadores o con la sociedad en que actúan; si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que ocacionaran con sus procedimientos y con su obstinación.
Por otra parte, las compañías petroleras, no obstante la actitud de serenidad del Gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace dos meses a uno de los gerentes de las propias compañías, y que ese no negó, y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por este medio hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas.
Ya en estas condiciones no será suficiente, en el presente caso, conseguir los procedimientos de ejecución de sentencia que señalan nuestras leyes para someter a la obediencia a las compañías petroleras, pues la substracción de fondos verificada por ellas con antelación al fallo del Alto Tribunal que las juzgó, impide que el procedimiento sea viable y eficaz; y por otra parte, el embargo sobre la producción o el de las propias instalaciones y aun el de los fondos petroleros implicarían minuciosas diligencias que alargarían una situación que por decoro debe resolverse desde luego, e implicarían también, la necesidad de solucionar los obstáculos que pondrían las mismas empresas, seguramente, para la marcha normal de la producción para la colocación inmediata de ésta y para poder coexistir la parte afectada con la que indudablemente quedaría libre y en las propias manos de las empresas.
Y en esta situación de suyo delicada, el Poder Público se vería asediado por los intereses sociales de la nación que sería la más afectada, pues una producción insuficiente de combustible para las diversas actividades del país, entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como las de transporte, o una producción nula o simplemente encarecida por las dificultades, tendría que ocasionar, en breve tiempo, una situación de crisis incompatible no sólo con nuestro progreso, sino con la paz misma de la nación; paralizaría la vida bancaria; la vida comercial en muchísimos de sus principales aspectos; las obras públicas que son de interés general se harían poco menos que imposibles y la existencia del propio Gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del Estado, se perdería asimismo el poder político produciéndose el caos.
Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más Alto Tribunal Judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase laborante en todas la industrias del país la que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aun de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación, que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que les imponen autoridades del propio país.
Se trata de un caso evidente y claro que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino porque habiendo quedado roto los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el Gobierno las instituciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando esto males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país.
En tal virtud se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto al pueblo de mi país, de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de una determinación que no hubiéramos deseado ni buscado por nuestro propio criterio.
La historia del conflicto del trabajo que culminará con este acto de emancipación económica, es la siguiente:
El año de 1934 en relación con la huelga planteada por los diversos sindicatos de trabajadores al servicio de la compañía de petróleo El Águila, S.A., el Ejecutivo de mi cargo aceptó intervenir con el carácter de arbitro a fin de procurar un advenimiento conciliatorio entre las partes.
En junio de 1934 se pronunció el laudo relativo y en octubre del mismo año, una sentencia aclaratoria fijando el procedimiento adecuado para revisar aquellas resoluciones que no hubiesen obtenido oportunamente la debida conformidad.
A finales de 1935 y principios de 1936 el C. [ciudadano] Jefe del Departamento del Trabajo, por delegación que le conferí, dictó diversos laudos sobre nivelación, uniformidad de salarios y casos de contratación, tomando como base el principio constitucional de la igualdad de salarios ante igualdad de trabajo.
Con objeto de hacer desaparecer algunas anomalías, citó el propio Departamento, a una conferencia, a los representantes de las diversas agrupaciones sindicales, y en ellas se llegó a un acuerdo sobre numerosos casos que se hallaban pendientes y reservándose otros por estar sujetos a investigaciones y análisis posteriores encomendados a comisiones integradas por representantes de trabajadores y patrones.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros convocó entonces a una asamblea extraordinaria en la que se fijaron los términos de un contrato colectivo que fue rechazado por las compañías petroleras una vez que les fue propuesto.
En atención a los deseos de las empresas y con el fin de evitar que la huelga estallara, se dieron instrucciones al Jefe del Departamento del Trabajo, para que, con la aquiescencia de las partes, procuraran la celebración de una convención obrero patronal encargada de fijar de común acuerdo los términos del contrato colectivo y mediante un convenio que se firmó el 27 de noviembre de 1936. En tal convención, las empresas presentaron sus contraposiciones y en vista de la lentitud de los trabajos, se acordó modificar el estudio dividiendo las cláusulas en económicas, sociales y administrativas para iniciar desde luego el examen de las primeras.
Las contingencias de la discusión revelaron las dificultades existentes para lograr un acuerdo entre los trabajadores y las empresas cuyos puntos de vista se alejaban considerablemente, juzgando las compañías que las proposiciones de los obreros eran exageradas y señalando a su vez los trabajadores la falta de comprensión de las necesidades sociales y la intransigencia de las compañías por lo que la huelga estalló, en mayo de 1937.
Las compañías ofrecieron, entonces y en respuesta a mis exhortaciones, aumentar los salarios y mejorar ciertas prestaciones y el Sindicato de Trabajadores, a su vez, resolvió plantear ante la Junta de Conciliación el conflicto económico y levantó la huelga el 9 de junio.
En virtud de lo anterior, la Junta de Conciliación y Arbitraje tomó conocimiento de ello y de acuerdo con las disposiciones legales relativas fue designada con el fin indicado, por el Presidente de la Junta, una comisión de peritos constituida por personas de alta calidad moral y preparación adecuada.
La comisión rindió su dictamen encontrando que las empresas podían pagar por las prestaciones que en el mismo se señalan, la cantidad de $26 332 756,00 contra la oferta que hicieron las 17 compañías petroleras durante la huelga de mayo de 1937. Los peritos declararon, de manera especial, que las prestaciones consideradas en el dictamen quedarían satisfechas totalmente con la suma propuesta, pero las empresas argumentaron que la cantidad señalada era excesiva y podría significar una erogación mucho mayor que conceptuaron en un monto de $41 000 000,00. Ante tales aspectos de la cuestión el Ejecutivo de mi cargo auspició la posibilidad de que el sindicato de trabajadores de la industria petrolera y las empresas debidamente representadas para tratar sobre el conflicto, llegaran a un arreglo, lo que no fue posible obtener en vista de la actitud negativa de las compañías.
Sin embargo de ello, deseando el Poder Público una vez más lograr un convenio extrajudicial entre las partes en conflicto, ordenó a las autoridades del trabajo que hicieran saber a las compañías petroleras su disposición de intervenir para que los sindicatos de trabajadores aceptaran las aclaraciones que habían de hacerse en algunos puntos oscuros del laudo, y que más tarde podrían prestarse a interpretaciones indebidas y asegurándoles que las prestaciones señaladas no rebasarían de manera alguna los $26 332 756,00 no habiéndose logrado a pesar de la intervención directa del Ejecutivo el resultado que se perseguía.
En todas y cada una de estas diversas gestiones del Ejecutivo para llegar a una final conclusión del asunto dentro de términos conciliatorios y que abarcan períodos anteriores y posteriores al juicio de amparo que produjo este estado de cosas, quedó establecida la intransigencia de las compañías demandadas.
Es por tanto preconcebida su actitud y bien meditada su resolución para que la dignidad del Gobierno pudiera encontrar medios menos definitivos, y actitudes menos severas que lo llevaran a la resolución del caso sin tener que apelar a la aplicación de la Ley de Expropiación.
Para mayor justificación del acto que se anuncia, hagamos breve historia del proceso creador de las compañías petroleras en México y de los elementos con que se han desarrollado sus actividades.
Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo.
Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla.
Riqueza potencial de la nación; trabajo nativo pagado con exiguos salarios; exención de impuestos; privilegios económicos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge de la industria del petróleo en México.
Examinemos la obra social de las empresas: ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, una escuela o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones?
¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el Gobierno, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos siempre en beneficio de la empresas.
¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero; mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales. Refrigeración y protección contra insectos para los primeros; indiferencia y abandono, médico y medicinas siempre regateadas para los segundos; salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. Abuso de una tolerancia que se creó al amparo de la ignorancia, de la prevaricación y de la debilidad de los dirigentes del país, es cierto, pero cuya urdimbre pusieron en juego los inversionistas que no supieron encontrar suficientes recursos morales que dar en pago de la riqueza que han venido disfrutando.
Otra contingencia, forzosa del arraigo de la industria petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales, y más dañosa que todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida intervención de las empresas en la política nacional.
Nadie discute ya si fue cierto o no que fueran sostenidas fuertes facciones de rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca Veracruzana y en el Istmo de Tehuantepec, durante los años 1917 a 1920 contra el Gobierno constituido. Nadie ignora tampoco cómo en distintas épocas a las que señalamos y aún contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi sin disimulos, ambiciones de descontentos contra el régimen del país, cada vez que ven afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con la rectificación de privilegios que disfrutan o con el retiro de tolerancias acostumbradas. Han tenido dinero para armas y municiones para la rebelión. Dinero para la prensa antipatriótica que las defiende. Dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores. Pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Tampoco lo hay para reconocer una responsabilidad que una sentencia les define, pues juzgan que su poder económico y su orgullo les escuda contra la dignidad y la soberanía de una nación que les ha entregado con largueza sus cuantiosos recursos naturales y que no puede obtener, mediante medidas legales, la satisfacción de las más rudimentarias obligaciones.
Es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas permanente en el que el país se debate sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación, que busca elevar a su pueblo mediante sus propias leyes aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos.
Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable.
El Gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la República y para ello, pido al pueblo, confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el propio Gobierno tuviere que dictar.
Sin embargo, si fuere necesario, haremos el sacrificio de todas las actividades constructivas en las que la nación ha entrado durante este período de Gobierno para afrontar los compromisos económicos que la aplicación de la Ley de Expropiación sobre intereses tan vastos nos demanda y aunque el subsuelo mismo de la Patria nos dará cuantiosos recursos económicos para saldar el compromiso de indemnización que hemos contraído, debemos aceptar que nuestra economía individual sufra también los indispensables reajustes, llegándose, si el Banco de México lo juzga necesario, hasta la modificación del tipo actual de cambio de nuestra moneda, para que el país entero cuente con numerario y elementos que consoliden este acto de esencial y profunda liberación económica de México.
Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de transporte, etc., desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo, es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de sus ciudadanos.
Y como pudiera ser que los intereses que se debaten en forma acalorada en el ambiente internacional, pudieran tener de este acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional que consumamos, una desviación de materia primas, primordiales para la lucha en que están empeñadas las más poderosas naciones, queremos decir que nuestra explotación petrolífera no se apartará un sólo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las naciones de tendencia democrática y a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada sólo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos, ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masa populares y las naciones en conflicto.
El Presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Palacio Nacional, a 18 de marzo de 1938.
La nacionalización del petróleo
Al norte de Tampico, el petróleo mexicano pertenece a la Standard Oil. Al sur, a la Shell. México paga caro su propio petróleo, que Europa y Estados Unidos compran barato . Las empresas llevan treinta años saqueando el subsuelo y robando impuestos y salarios cuando un buen día Cárdenas decide que México es el dueño del petróleo mexicano.
Desde ese día, nadie consigue pegar un ojo. El desafío despabila al país. Inmensas multitudes se lanzan a las calles en manifestación incesante, llevando en hombros ataúdes de la Standard y la Shell, y con música de marimbas y campanas los obreros ocupan los pozos y las refinerías. Pero las empresas se llevan a todos los técnicos, amos del misterio, y no hay quien maneje los indescifrables tableros de mando. La bandera nacional flamea sobre las torres silenciosas. Se detienen los taladros, se vacían las tuberías, se apagan las chimeneas. Es la guerra contra las dos empresas más poderosas del planeta y sobre todo la guerra contra la tradición latinoamericana de la impotencia, la colonial costumbre del no sé, no puedo.
CARDENISMO
LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO(1895-1970)
Nació en Jiquilpan, Michoacán el 21 de mayo de 1895. Fueron sus padres Dámaso Cárdenas y Felícitas del Río, de mediana posición económica. La temprana muerte de su padre lo hizo trabajar, tras terminar su primaria; aprendió tipografía y trabajo en la oficina de rentas de Jiquilpan. Participó en varios hechos de armas y a finales de 1914 marchó a Sonora donde se puso a las órdenes del General Plutarco Elías Calles, con quien ganó en combate el grado teniente coronel. El 28 de Agosto de 1931 fue designado secretario de gobernación de Ortíz Rubio, cargo en el que mantuvo el 15 de Octubre, fecha en la que volvió a Michoacán, hasta completar el periodo para el que había sido electo. La elección de su mandato se celebró el primer domingo de Julio de 1934, y se le acreditó el triunfo por amplísimo margen. Tomó posesión de la presidencia el 1 de Dic. De 1934. Formó su gabinete con hombres leales al callismo; su único secretario de confianza, paisano identificado con él fue el general Francisco J. Mújica, con quien se destacó el constituyente de 1917.
El país vivía una intensa agitación laboral por los desastrosos efectos de la gran depresión de 1929-1933. Los gobiernos estatales, el congreso federal y los congresos estatales estaban dominados por el jefe máximo. Para fortalecer su gobierno, Cárdenas no tuvo al principio más opción que apoyarse en los grupos de obreros y campesinos, en el pueblo del que dimanaba su poder. Quiso gobernar con su pueblo al frente y no en contra ni a sus espaldas. El pueblo le daría su fuerza y el presidente atendería sus justos y antiguos reclamos.
En el campo el auxilio que presto el pueblo a Cárdenas fue igualmente valioso. Haciendo realidad las promesas de reivindicaciones agrarias que se habían detenido desde el gobierno callista y sus sucesores, Cárdenas prosiguió su labor de reparto de tierras, creación de instituciones crediticias en beneficio de los campesinos, constitución de sociedades económicas que les beneficiara, construcción de obras de riego, etc...
Tanto la CCM y aún la más radical CNC le sirvieron para canalizar el apoyo de vastos sectores que veían unificadas sus peticiones. Muchas de las peticiones que Cárdenas cumplió se hicieron incluso contra políticos ligados al callismo. Se suprimieron concesiones muy productivas que tenían altos jefes de armas, por lo que Calles le criticó fuertemente. Así mismo amagó a los trabajadores con la intervención del ejército lo que implicaba público menosprecio por su autoridad.
Durante su gobierno, Cárdenas tuvo cuatro grandes proyectos:La reforma agraria, la organización de los obreros, la educación socialista y Expropiación petrolera.
Política agraria
El problema del campo, que siempre había sido el más difícil, fue el que más le preocupó a Cárdenas. Los campesinos estaban muy inconformes con la injusticia que vivían, además habían participado en la revolución para lograr un reparto de tierras, y ninguno de los gobiernos revolucionarios les había resuelto esa situación. La Iglesia tenía la mayor parte de las tierras y la mínima parte de ellas en el país le pertenecía a los ejidos.
El proyecto de Cárdenas era muy distinto al de todos los gobiernos anteriores, él no creía que las tierras del campo mexicano debían darse individualmente sino que debían dividirse en ejidos. Fue así que el gobierno cardenista comenzó a repartir las mejores tierras a los campesinos pobres y además se encargó de expropiar tierras de gran riqueza agrícola en Durango, Coahuila, Sonora y Yucatán.
A todo ese reparto de tierras y política sobre el campo se le llamó reforma agraria. Esa reforma también se realizó en estados del país donde no habían luchado ni zapatistas ni villistas, como por ejemplo Chiapas.
En Chiapas los campesinos vivían en condiciones de miseria extrema desde el porfiriato. Los campesinos chiapanecos, mayoritariamente indígenas, coincidieron con la reforma agraria de Cárdenas. De esa forma, el gobierno era el principal propietario de las tierras y se encargaba de repartirlas. Esto hacía que los campesinos estuvieran agradecidos con él. Bajo el gobierno de Cárdenas se creó la Confederación Nacional Campesina (CNC) y todos los campesinos que habían recibido tierra entraban automáticamente a la CNC y al PNR.
Hubo grupos de campesinos que no estuvieron de acuerdo en que las tierras se repartieran a las comunidades ejidales y formaron un movimiento para resistir al reparto de tierras, ellos se hacían llamar sinarquistas, en ese movimiento había mucha gente que había participado en la Guerra Cristera de los años veinte. El grupo rechazaba los ejidos colectivos y exigía garantías para los pequeños propietarios, es importante saber que algunos sinarquistas simpatizaban mucho con la tendencia nazi e incluso, llevaban swásticas bordadas en sus camisas.
Política obrera
A Cárdenas le interesó resolver los problemas que enfrentaban los campesinos y obreros mexicanos. Él estaba convencido de que el Estado debía dirigir las industrias y con ese fin dio facilidades para mejorarlas, además incrementó la inversión para construir carreteras modernas y vías férreas.
Para el cardenismo fue muy importante contar con el apoyo de los obreros y resolver sus demandas. En el país habían ocurrido muchas huelgas, los obreros vivían en condiciones de pobreza y Cárdenas las apoyó diciendo que eran un medio para que los trabajadores defendieran sus condiciones de vida.
Como recordarás, bajo el gobierno de Carranza se había creado la CROM que agrupaba a los obreros mexicanos. Los líderes de la CROM eran muy corruptos y Cárdenas decidió que era necesario disolver la confederación. De ahí surgieron nuevos líderes como Vicente Lombardo Toledano que se encargó de formar una nueva organización: la Central de Trabajadores Mexicanos (CTM) que también formaba parte del partido oficial, el PNR.
De la CTM surgió un líder lechero muy importante llamado Fidel Velázquez y que poco a poco tomó el control total de la nueva organización. La CTM se constituyó en una parte más del sector obrero. Todos los obreros mexicanos que estuvieran afiliados a la CTM pertenecían al partido oficial. Si te fijas bien, con esto, Cárdenas consiguió que tanto campesinos como obreros estuvieran afiliados a aquél.
Bajo el cardenismo, el PNR cambió de nombre al de Partido de la Revolución Mexicana (PRM).
La Educación Socialista
PNR y Cárdenas implementaron la escuela socialista.
Concepto del general Lázaro Cárdenas: “Intensificará la obra cultural que la Revolución ha emprendido para la emancipación del pueblo laborante, preparándolo científica y socialmente ”
Reformó el art. 3ro Constitucional que implica la implantación de la enseñanza socialista el cual quedo redactado en los siguientes terminos: “Art. 3. La Educación que imparta el Estado sera socialista, y ademas de excluir toda doctrina religosa, convatirá el fanatismo y los perjuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear un concepto racional y exacto del universo y de la vida Social.
Solo el Estado (federación, estado, municipio) impartirá educación primaria, secundaria o normal. Podran consederse autorizaciones a los particulares que deseen impartir educación en cualquier de los tres grados anteriores……”
La expropiación petrolera
Durante su gobierno, Cárdenas se empeñó en devolver la propiedad de las empresas industriales más importantes a los mexicanos y para esto expropió grandes latifundios. Uno de los grandes negocios en manos de extranjeros era el petróleo. Las compañías petroleras extranjeras explotaban a los trabajadores mexicanos, pues no querían mejorar los salarios de sus trabajadores y en cambio, las compañías tenían ganancias millonarias.
Los obreros petroleros hicieron huelgas y recurrieron a la Suprema Corte a demandar mejores salarios y condiciones laborales, la Corte decidió que era necesario que las empresas extranjeras dieran un aumento justo a sus trabajadores. Como las compañías petroleras estaban acostumbradas a que los presidentes de México las protegieran, no respetaron el fallo de la Corte y propusieron un aumento de salarios que era ridículo diciendo que no tenían dinero para aumentar el sueldo a sus trabajadores. Entonces el sindicato de trabajadores petroleros decidió hacer una huelga en mayo de 1937.
Cárdenas intervino para evitar la huelga y decidió analizar si las empresas realmente estaban en condiciones de pagar el aumento que los obreros solicitaban. Después de una investigación profunda, se concluyó que las empresas tenían la capacidad para dar un aumento de sueldo. Como ya terminaba el plazo para que las empresas petroleras acataran las órdenes de la Suprema Corte, Lázaro Cárdenas tomó la decisión de que si no incrementaban los sueldos, se expropiarían las diferentes industrias petroleras sustrayéndolas de manos extranjeras.
Economía.
De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales, el promedio anual de crecimiento del PIB a precios constantes fue de 4.48%, aunque con ritmos variables como se muestra en el siguiente cuadro:
En la década que corre de 1930 a 1940, el crecimiento promedio anual de la población fue de 1.7%.
Según NAFINSA, el producto por habitante pasó de 221 pesos corrientes en 1934 a 396 pesos en 1940; es decir, se incremento 79.2% en seis años.
Tomando en cuenta los primeros cuatro años del sexenio cardenista el ritmo de crecimiento annual de algunas ramas fue:
-Agricultura: 3.6%
-Ganadería: 2.7%
-Minerales Metálicos: 5.8%
-Petróleo: 1.7%
Expropiación de las compañías petroleras
A la nación:
La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron a los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los Tribunales del Trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un medio eficaz que evite definitivamente, para el presente y para el futuro, el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada. Hay que considerar que un acto semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias, y establecería las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias de cualquier índole establecidas en México y que se vieran en conflictos con sus trabajadores o con la sociedad en que actúan; si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que ocacionaran con sus procedimientos y con su obstinación.
Por otra parte, las compañías petroleras, no obstante la actitud de serenidad del Gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace dos meses a uno de los gerentes de las propias compañías, y que ese no negó, y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo por este medio hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas.
Ya en estas condiciones no será suficiente, en el presente caso, conseguir los procedimientos de ejecución de sentencia que señalan nuestras leyes para someter a la obediencia a las compañías petroleras, pues la substracción de fondos verificada por ellas con antelación al fallo del Alto Tribunal que las juzgó, impide que el procedimiento sea viable y eficaz; y por otra parte, el embargo sobre la producción o el de las propias instalaciones y aun el de los fondos petroleros implicarían minuciosas diligencias que alargarían una situación que por decoro debe resolverse desde luego, e implicarían también, la necesidad de solucionar los obstáculos que pondrían las mismas empresas, seguramente, para la marcha normal de la producción para la colocación inmediata de ésta y para poder coexistir la parte afectada con la que indudablemente quedaría libre y en las propias manos de las empresas.
Y en esta situación de suyo delicada, el Poder Público se vería asediado por los intereses sociales de la nación que sería la más afectada, pues una producción insuficiente de combustible para las diversas actividades del país, entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como las de transporte, o una producción nula o simplemente encarecida por las dificultades, tendría que ocasionar, en breve tiempo, una situación de crisis incompatible no sólo con nuestro progreso, sino con la paz misma de la nación; paralizaría la vida bancaria; la vida comercial en muchísimos de sus principales aspectos; las obras públicas que son de interés general se harían poco menos que imposibles y la existencia del propio Gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del Estado, se perdería asimismo el poder político produciéndose el caos.
Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más Alto Tribunal Judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase laborante en todas la industrias del país la que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aun de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación, que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que les imponen autoridades del propio país.
Se trata de un caso evidente y claro que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino porque habiendo quedado roto los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el Gobierno las instituciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando esto males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país.
En tal virtud se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto al pueblo de mi país, de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de una determinación que no hubiéramos deseado ni buscado por nuestro propio criterio.
La historia del conflicto del trabajo que culminará con este acto de emancipación económica, es la siguiente:
El año de 1934 en relación con la huelga planteada por los diversos sindicatos de trabajadores al servicio de la compañía de petróleo El Águila, S.A., el Ejecutivo de mi cargo aceptó intervenir con el carácter de arbitro a fin de procurar un advenimiento conciliatorio entre las partes.
En junio de 1934 se pronunció el laudo relativo y en octubre del mismo año, una sentencia aclaratoria fijando el procedimiento adecuado para revisar aquellas resoluciones que no hubiesen obtenido oportunamente la debida conformidad.
A finales de 1935 y principios de 1936 el C. [ciudadano] Jefe del Departamento del Trabajo, por delegación que le conferí, dictó diversos laudos sobre nivelación, uniformidad de salarios y casos de contratación, tomando como base el principio constitucional de la igualdad de salarios ante igualdad de trabajo.
Con objeto de hacer desaparecer algunas anomalías, citó el propio Departamento, a una conferencia, a los representantes de las diversas agrupaciones sindicales, y en ellas se llegó a un acuerdo sobre numerosos casos que se hallaban pendientes y reservándose otros por estar sujetos a investigaciones y análisis posteriores encomendados a comisiones integradas por representantes de trabajadores y patrones.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros convocó entonces a una asamblea extraordinaria en la que se fijaron los términos de un contrato colectivo que fue rechazado por las compañías petroleras una vez que les fue propuesto.
En atención a los deseos de las empresas y con el fin de evitar que la huelga estallara, se dieron instrucciones al Jefe del Departamento del Trabajo, para que, con la aquiescencia de las partes, procuraran la celebración de una convención obrero patronal encargada de fijar de común acuerdo los términos del contrato colectivo y mediante un convenio que se firmó el 27 de noviembre de 1936. En tal convención, las empresas presentaron sus contraposiciones y en vista de la lentitud de los trabajos, se acordó modificar el estudio dividiendo las cláusulas en económicas, sociales y administrativas para iniciar desde luego el examen de las primeras.
Las contingencias de la discusión revelaron las dificultades existentes para lograr un acuerdo entre los trabajadores y las empresas cuyos puntos de vista se alejaban considerablemente, juzgando las compañías que las proposiciones de los obreros eran exageradas y señalando a su vez los trabajadores la falta de comprensión de las necesidades sociales y la intransigencia de las compañías por lo que la huelga estalló, en mayo de 1937.
Las compañías ofrecieron, entonces y en respuesta a mis exhortaciones, aumentar los salarios y mejorar ciertas prestaciones y el Sindicato de Trabajadores, a su vez, resolvió plantear ante la Junta de Conciliación el conflicto económico y levantó la huelga el 9 de junio.
En virtud de lo anterior, la Junta de Conciliación y Arbitraje tomó conocimiento de ello y de acuerdo con las disposiciones legales relativas fue designada con el fin indicado, por el Presidente de la Junta, una comisión de peritos constituida por personas de alta calidad moral y preparación adecuada.
La comisión rindió su dictamen encontrando que las empresas podían pagar por las prestaciones que en el mismo se señalan, la cantidad de $26 332 756,00 contra la oferta que hicieron las 17 compañías petroleras durante la huelga de mayo de 1937. Los peritos declararon, de manera especial, que las prestaciones consideradas en el dictamen quedarían satisfechas totalmente con la suma propuesta, pero las empresas argumentaron que la cantidad señalada era excesiva y podría significar una erogación mucho mayor que conceptuaron en un monto de $41 000 000,00. Ante tales aspectos de la cuestión el Ejecutivo de mi cargo auspició la posibilidad de que el sindicato de trabajadores de la industria petrolera y las empresas debidamente representadas para tratar sobre el conflicto, llegaran a un arreglo, lo que no fue posible obtener en vista de la actitud negativa de las compañías.
Sin embargo de ello, deseando el Poder Público una vez más lograr un convenio extrajudicial entre las partes en conflicto, ordenó a las autoridades del trabajo que hicieran saber a las compañías petroleras su disposición de intervenir para que los sindicatos de trabajadores aceptaran las aclaraciones que habían de hacerse en algunos puntos oscuros del laudo, y que más tarde podrían prestarse a interpretaciones indebidas y asegurándoles que las prestaciones señaladas no rebasarían de manera alguna los $26 332 756,00 no habiéndose logrado a pesar de la intervención directa del Ejecutivo el resultado que se perseguía.
En todas y cada una de estas diversas gestiones del Ejecutivo para llegar a una final conclusión del asunto dentro de términos conciliatorios y que abarcan períodos anteriores y posteriores al juicio de amparo que produjo este estado de cosas, quedó establecida la intransigencia de las compañías demandadas.
Es por tanto preconcebida su actitud y bien meditada su resolución para que la dignidad del Gobierno pudiera encontrar medios menos definitivos, y actitudes menos severas que lo llevaran a la resolución del caso sin tener que apelar a la aplicación de la Ley de Expropiación.
Para mayor justificación del acto que se anuncia, hagamos breve historia del proceso creador de las compañías petroleras en México y de los elementos con que se han desarrollado sus actividades.
Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo.
Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla.
Riqueza potencial de la nación; trabajo nativo pagado con exiguos salarios; exención de impuestos; privilegios económicos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge de la industria del petróleo en México.
Examinemos la obra social de las empresas: ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, una escuela o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones?
¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el Gobierno, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos siempre en beneficio de la empresas.
¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero; mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales. Refrigeración y protección contra insectos para los primeros; indiferencia y abandono, médico y medicinas siempre regateadas para los segundos; salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. Abuso de una tolerancia que se creó al amparo de la ignorancia, de la prevaricación y de la debilidad de los dirigentes del país, es cierto, pero cuya urdimbre pusieron en juego los inversionistas que no supieron encontrar suficientes recursos morales que dar en pago de la riqueza que han venido disfrutando.
Otra contingencia, forzosa del arraigo de la industria petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales, y más dañosa que todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida intervención de las empresas en la política nacional.
Nadie discute ya si fue cierto o no que fueran sostenidas fuertes facciones de rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca Veracruzana y en el Istmo de Tehuantepec, durante los años 1917 a 1920 contra el Gobierno constituido. Nadie ignora tampoco cómo en distintas épocas a las que señalamos y aún contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi sin disimulos, ambiciones de descontentos contra el régimen del país, cada vez que ven afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con la rectificación de privilegios que disfrutan o con el retiro de tolerancias acostumbradas. Han tenido dinero para armas y municiones para la rebelión. Dinero para la prensa antipatriótica que las defiende. Dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores. Pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Tampoco lo hay para reconocer una responsabilidad que una sentencia les define, pues juzgan que su poder económico y su orgullo les escuda contra la dignidad y la soberanía de una nación que les ha entregado con largueza sus cuantiosos recursos naturales y que no puede obtener, mediante medidas legales, la satisfacción de las más rudimentarias obligaciones.
Es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas permanente en el que el país se debate sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación, que busca elevar a su pueblo mediante sus propias leyes aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos.
Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable.
El Gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la República y para ello, pido al pueblo, confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el propio Gobierno tuviere que dictar.
Sin embargo, si fuere necesario, haremos el sacrificio de todas las actividades constructivas en las que la nación ha entrado durante este período de Gobierno para afrontar los compromisos económicos que la aplicación de la Ley de Expropiación sobre intereses tan vastos nos demanda y aunque el subsuelo mismo de la Patria nos dará cuantiosos recursos económicos para saldar el compromiso de indemnización que hemos contraído, debemos aceptar que nuestra economía individual sufra también los indispensables reajustes, llegándose, si el Banco de México lo juzga necesario, hasta la modificación del tipo actual de cambio de nuestra moneda, para que el país entero cuente con numerario y elementos que consoliden este acto de esencial y profunda liberación económica de México.
Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de transporte, etc., desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo, es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de sus ciudadanos.
Y como pudiera ser que los intereses que se debaten en forma acalorada en el ambiente internacional, pudieran tener de este acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional que consumamos, una desviación de materia primas, primordiales para la lucha en que están empeñadas las más poderosas naciones, queremos decir que nuestra explotación petrolífera no se apartará un sólo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las naciones de tendencia democrática y a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada sólo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos, ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masa populares y las naciones en conflicto.
El Presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Palacio Nacional, a 18 de marzo de 1938.
La nacionalización del petróleo
Al norte de Tampico, el petróleo mexicano pertenece a la Standard Oil. Al sur, a la Shell. México paga caro su propio petróleo, que Europa y Estados Unidos compran barato . Las empresas llevan treinta años saqueando el subsuelo y robando impuestos y salarios cuando un buen día Cárdenas decide que México es el dueño del petróleo mexicano.
Desde ese día, nadie consigue pegar un ojo. El desafío despabila al país. Inmensas multitudes se lanzan a las calles en manifestación incesante, llevando en hombros ataúdes de la Standard y la Shell, y con música de marimbas y campanas los obreros ocupan los pozos y las refinerías. Pero las empresas se llevan a todos los técnicos, amos del misterio, y no hay quien maneje los indescifrables tableros de mando. La bandera nacional flamea sobre las torres silenciosas. Se detienen los taladros, se vacían las tuberías, se apagan las chimeneas. Es la guerra contra las dos empresas más poderosas del planeta y sobre todo la guerra contra la tradición latinoamericana de la impotencia, la colonial costumbre del no sé, no puedo.
AÑO
PIB mdp
Crecimiento %
1934
35 889
----
1935
38 549
7.4
1936
41 663
8.1
1937
43 011
3.2
1938
43 708
1.6
1939
46 058
5.3
1940
46 693
1.3
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