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Carlos Salinas de Gortari (n.
Ciudad de México;
3 de abril de
1948) es un economista mexicano que ocupó la
presidencia de México del
1 de diciembre de
1988 al
30 de noviembre de
1994, bajo fuertes acusaciones de fraude electoral. Fue titular de la
Secretaría de Programación y Presupuesto en el gobierno de
Miguel de la Madrid y posteriormente, siendo postulado candidato por el
Partido Revolucionario Institucional en
1987, fue electo Presidente de México el
6 de julio de
1988.
Durante su sexenio se darían importantes cambios económicos, entre ellos la firma del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una privatización masiva de empresas estatales incluida la banca, la implementación del Programa Nacional de Solidaridad de combate a la pobreza, y el restablecimiento de las
relaciones Iglesia-Estado y diplomáticas con el
Vaticano.
Fue el último presidente al que se le asignó una partida presupuestal cuyo gasto no estaba sujeto a comprobación, denominada comúnmente "partida secreta". Sin embargo, en las administraciones subsecuentes a la suya, este tipo de gasto ha sido ejercido en Secretarías de Estado con fundamento en el artículo 74 constitucional.
[1]
Aunque se retirara de la vida pública de su país al finalizar su sexenio, durante los últimos años ha tenido apariciones públicas por invitación de instituciones tanto mexicanas como de otros países. Tal es el caso de sus ponencias dadas en la
Universidad de Oxford,
[2] El Centro de Estudios Espinoza Yglesias,
[3] la
Fundación José Ortega y Gasset,
[4] así como en el marco del Vigésimo Aniversario del
Instituto Federal Electoral,
[5] entre otras. Actualmente el ex presidente se desempeña como consejero ejecutivo del
Grupo Dow Jones y vive con su segunda esposa, Ana Paula Gerard Rivero.
El
12 de mayo de
2009 se desató una polémica en torno a su persona y la de su hermano
Raúl Salinas de Gortari, por declaraciones de su antecesor, el ex presidente
Miguel de la Madrid Hurtado, sobre el desempeño de Salinas de Gortari como presidente. Éstas, de las que al día siguiente se retractara el propio de la Madrid Hurtado, incluían acusaciones de desvío de recursos, corrupción y vínculos con el narcotráfico.
[6]
Educación y primeros años en la política
Nació en la
Ciudad de México el
3 de abril de
1948, sus padres fueron
Raúl Salinas Lozano,
senador y secretario de Estado, y Margarita de Gortari Carvajal, profesora y perteneciente a una familia de gran prestigio en el ámbito cultural de su época. Su familia se encargó de guardar con extremo celo un delicado episodio de esta infancia: mientras jugaban a “la guerra”, los niños Gustavo Zapata Rodríguez, Raúl y Carlos Salinas de 8, 5 y 4 años de edad, respectivamente, le dispararon con un rifle calibre 22 a una jovencita llamada Manuela de 12 años,
sirvienta de los Salinas, causándole la muerte.
[7]
Estudió en el plantel nº 1 de la Escuela Nacional Preparatoria con sede en el
Antiguo Colegio de San Ildefonso, y luego obtuvo el título de Licenciado en Economía por la
Universidad Nacional Autónoma de México, cuando
Ifigenia Martínez dirigía la Escuela Nacional de Economía de la
UNAM, en
1970. Continuó sus estudios en la
Universidad Harvard, donde obtuvo la maestría en administración pública (
1973), la maestría en economía política (
1976) y el doctorado en economía política y gobierno (
1978). Cabe destacar que todos sus estudios los terminó con mención honorífica.
[cita requerida] De regreso en México, trabajó como catedrático en varias universidades y comenzó a escalar posiciones en el gobierno federal. En
1982, su antiguo profesor en la
UNAM,
Miguel de la Madrid, fue elegido presidente de México y Salinas fue nombrado Secretario (Ministro) de Planeación y Presupuesto.
Carlos Salinas fue designado candidato a la presidencia de la República del
PRI, el 4 de octubre de 1987.
Elecciones de 1988
Carlos Salinas ascendió a la presidencia en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México. La elección se llevó a cabo el
6 de julio de
1988; luego de una inestabilidad económica de más de 10 años, la estructura del PRI se debilitó y por primera vez en la historia moderna de México se vio la candidatura de
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como una posibilidad real de asumir la presidencia de la república.
La noche de la elección, los datos que liberaba la
Comisión Federal Electoral por medio del secretario de Gobernación
Manuel Bartlett Díaz fueron interrumpidos. A las 20:00 horas del mismo día, se presentaron en la sede de la Secretaría de Gobernación los candidatos
Manuel Clouthier,
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y
Rosario Ibarra denunciando la ilegalidad del proceso. En los días posteriores a la elección, se realizaron diversas manifestaciones expresando el descontento por la manera en que se llevó a cabo la elección.
El resultado oficial fue 50 por ciento para Carlos Salinas, 31 por ciento para Cuauhtémoc Cárdenas y 17 por ciento para Manuel J. Clouthier.
Las boletas de votación, que la oposición exigía se hicieran públicas para aclarar las anomalías, fueron destruidas por decisión de la Cámara de Diputados.
Presidente de México (1988-1994)
Reducción de la deuda
En 1982 el pago anual por pago de intereses de la deuda externa era de 14 000 millones de dólares, entre 1983 y 1988 se destinó casi el 7% de
PIB para su pago, el monto de lo destinado era casi el equivalente a lo destinado en salud y educación para todo el país, para inicio del sexenio de Salinas el monto de la deuda era del 45% del
PIB. Lo cual hacia necesario una reducción de esta deuda para lograr un crecimiento económico. Después de casi 4 años de largas negociaciones con el
FMI, políticos de Estados Unidos, mandatarios de países como
Francia,
Alemania,
Canadá,
Japón,
Gran Bretaña, otros países y con bancos comerciales en 1992 se llegó a un acuerdo y se logró una reducción de más de 7000 millones de dólares, debido a este logro la deuda se disminuyó a 20 000 millones de dólares. Con esto se logró que la deuda total (externa e interna) pasara de 63% del
PIB en 1988 a 22% en 1994 y los pagos de intereses pasaron de 17% del
PIB a 9.8% en 1994.
[8]
Liberalismo social
El sexenio de Carlos Salinas marcó un claro parteaguas respecto de las gestiones priístas previas, especialmente las de
Luis Echeverría Álvarez y
José López Portillo en la medida que rompió con el discurso y la ideología del nacionalismo revolucionario que todavía con
Miguel de la Madrid trató de presentarse como el soporte ideológico del priísmo.
Salinas, en cambio, adelantó una serie de tesis que él mismo englobó bajo la categoría de "
liberalismo social" que buscaba recuperar lo mejor de las tradiciones ideológicas del liberalismo
juarista del
siglo XIX y de la
Revolución Mexicana del
siglo XX. En este sentido, Salinas pronunció una serie de discursos durante
1991 y
1992 que sirvieron de soporte para impulsar algunas de sus más ambiciosas reformas. En un sentido, la que puso punto final a la reforma agraria, concebida ya desde tiempos de Echeverría más como un instrumento de control social que como uno de efectiva solución de problemas en el agro mexicano. Formó parte de esa ofensiva ideológica también la iniciativa para reformar las relaciones del Estado con las iglesias, especialmente la católica, aunque en este punto es donde es posible observar mayores tensiones entre la recuperación del juarismo propuesta por Salinas y las políticas desarrolladas por su gobierno.
Salinas se inspiró para articular su propio concepto de "liberalismo social" en los trabajos de
Jesús Reyes Heroles,
Otto Granados Roldán (director de Comunicación Social durante los primeros años de su gestión) y
José Francisco Ruiz Massieu (quien jugó un papel clave en la reforma de la relaciones Iglesia-Estado).
Privatizaciones
Hacía 1984, el gobierno federal era propietario u operaba poco más de 1150 empresas de todo tipo, desde cadenas y productoras de cine y televisión, hoteles, inmobiliarias, mineras, ingenios azucareros, automotrices, siderúrgicas, pesqueras, transbordadores, e incluso el conocido centro nocturno
El Patio de la ciudad de México, también fue el caso de la
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas,
Petróleos Mexicanos o
Comisión Federal de Electricidad.
La crisis de
1982 obligó al gobierno federal a nacionalizar la banca, con lo que la participación del Estado en la economía creció todavía más. En otros casos, sin embargo, el gobierno, lo mismo el federal que el del
Distrito Federal y los de los estados, se convirtió en dueño de empresas como medida para evitar la quiebra de empresas privadas que se consideraba jugaban un papel importante para la economía del país o que simplemente empleaban a un número importante de personas.
Esta dinámica se vio favorecida por dos procesos. En un sentido, por la sobrevaluación del
peso mexicano que ocurrió ya durante los últimos años del gobierno de
Gustavo Díaz Ordaz y de manera más clara durante los primeros años del gobierno de Echeverría, quien expandió el control del Estado sobre la economía al hacerse cargo de Teléfonos de México. La sobrevaluación hacía que las mercancías mexicanas fueran más caras que las que se producían en otros países. No sólo eso, gracias a las políticas de industrialización seguidas desde el gobierno de
Lázaro Cárdenas (con un alto componente de protección a la industria nacional), las empresas mexicanas habían perdido calidad y eficacia.
Esta dinámica estuvo a punto de romperse con la decisión de Echeverría de devaluar el peso justo antes de que terminara su gestión en
1976. Sin embargo, su sucesor, López Portillo decidió utilizar los recién descubiertos excedentes petroleros para mantener intocadas las políticas industriales y comerciales que había heredado de sus predecesores.
Todas estas empresas operaban con déficit por lo que se mantenían gracias a una inyección constante de fondos públicos obtenido por medio de deuda, excedente petrolero o, en los peores momentos del periodo 1970-1982, por medio de la emisión de billetes y monedas sin sustento. Ello hizo que para 1982, el déficit público primario fuera de más del diez por ciento del Producto Interno Bruto. Cerca de un 70 por ciento de este déficit provenía del sector paraestatal.
[9]
Con los ingresos de las privatizaciones se obtuvo casi el equivalente a 23 000 millones de dólares,
[10] los cuales fueron utilizados para amortizar la deuda pública interna. Con estos recursos se logró una disminución de la deuda interna, en 1988 era del 19% y para 1994 fue del 6%.
[11] Dando como resultado una disminución de los pagos de intereses y logrando un crecimiento en el gasto social.
Privatización de Telmex
En 1990,
Telmex era una empresa con varias décadas funcionando y con solo 16 años de pertenecer al sector público, el servicio prestado por la empresa era motivo de frecuentes disputas como se puede observar en la cantidad de demandas que la empresa enfrentaba en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, así como por los tiempos de espera, en ocasiones de más de 10 meses, para conseguir una línea. En los primeros años de la administración Salinas de cada 10 hogares 8 no tenían teléfono y había hasta un millón de solicitudes pendientes. La gestión pública de Teléfonos de México, además, estaba plagada de dudas y sospechas acerca de la transparencia en el manejo de los recursos
La venta fue hecha a través de una subasta publica. A pesar de que varios grupos extranjeros ofrecieron cantidades mayores para la compra de Telmex, uno de los requerimientos determinantes era que la propiedad mayoritaria quedara en manos mexicanas, es por eso que de los grupos con control accionario mexicano, la mayor fue la que encabezaba el
Grupo Carso, propiedad del empresario
Carlos Slim, por lo que éste fue declarado ganador.
Con motivo de esta privatización se inició la modernización de la telefonía en México. En los siguientes años el número de poblaciones rurales atendidas pasó de 6350 a 21 263; los teléfonos públicos llegaron a más de 200 000 en todo y se inició la instalación de una red de fibra óptica que ahora cubre las ciudades más importantes del país.
[12]
Privatización de la banca
La privatización de la banca se llevó a cabo mediante una reforma constitucional a los artículos 28 y 123 que fueron aprobados el 12 de mayo de 1990 en la cámara de diputados y el 21 de mayo en la Cámara de Senadores.
Guillermo Ortiz Martínez subsecretario de Hacienda con Salinas, fue uno de los responsables de este proceso.
La privatización ya había iniciado durante la administración de Miguel de la Madrid cuando el gobierno vendió los primeros paquetes accionarios que permitieron que hasta un 33 por ciento del capital social de cualquier banco fuera capital privado. Como en el caso de Teléfonos de México, la privatización ocurrió por medio de subastas públicas. Los postores fueron evaluados por un comité en el que participaron, entre otros, el ex gobernador del
Banco de México, Guillermo Ortiz. La transparencia y éxito con la cual fue privatizada la banca fue reconocida por diversos documentos del
Banco Mundial.
[13]
En este proceso 18 instituciones financieras fueron vendidas, lo que permitió que el gobierno federal recaudara 13 000 millones de dólares, los cuales fueron destinados al pago de la deuda interna.
[14]
Con este proceso se logró la descentralización y democratización del capital por que se promovió una mayor competencia ya que en 1994 se autorizó la entrada de bancos extranjeros.
Tratado de Libre Comercio
A finales de los ochenta, el mundo atestiguó cambios como la caída del Muro de Berlín, el fin de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el fin de la dictadura de
Augusto Pinochet y la invasión de Estados Unidos a
Panamá. Fue también un momento en el que los procesos de globalización de los mercados se intensificaron. No sólo eso, Estados Unidos había concluido con éxito años antes un acuerdo comercial con Canadá que eliminó los aranceles y tarifas entre ambos países. Europa, por su parte, avanzaba a grandes pasos en la consolidación de lo que originalmente fue una zona de libre comercio hasta dar forma a la actual Unión Europea.
La administración Salinas estimó que México debía redefinir los términos de sus relaciones con sus principales socios comerciales y redefinir las hipótesis que habían servido desde la década de los treinta, como soporte para el desarrollo de la economía mexicana, fue así que Salinas inició, primero informalmente, consultas con empresarios de México, Estados Unidos y Canadá para lograr la integración de México al acuerdo comercial originalmente pactado por estos últimos.
Las negociaciones formales del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte iniciaron en 1990 y continuaron durante los próximos tres años. No sólo eso, sobrevivieron a la derrota del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de noviembre de 1992, en las que triunfó el demócrata Bill Clinton. Fue así como el 1 de enero de 1994, al mismo tiempo que el mundo conocía de la avanzada político-militar del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, el TLCAN entró en vigor creando la que hasta ese entonces era la más grande zona de libre comercio en el mundo.
Reforma agraria
El artículo 27
[15] de la Constitución vigente en 1988, establecía la obligación del gobierno de dar tierra a todo el que la solicitara. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la población en las zonas rurales era mucho mayor del que se había registrado en toda la historia previa de México, gracias a una serie de avances en medicina básica. En segundo lugar, la calidad de las tierras en México es desigual, pues buena parte del territorio nacional no cuenta con irrigación suficiente para mantener una agricultura comercial. Finalmente, los sectores industrial y de servicios no estaban en condiciones de absorber los excedentes de mano de obra que el crecimiento de la población rural generaba.
Hacia finales de los sesenta era claro que la capacidad del gobierno federal para dotar de tierras a quienes las demandaran era limitada y que, además, al hacerlo se había facilitado la constitución de poderosos grupos políticos que traficaban con la necesidad de tierras. El gobierno de
Luis Echeverría, sin embargo, optó por mantener la ilusión de la Reforma Agraria elevando al antiguo Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización al rango de secretaría de Estado, al tiempo que decidía intervenir las propiedades de algunas de las más exitosas agroindustrias del país con la promesa de distribuir esas tierras.
Ante esta realidad, Carlos Salinas de Gortari señaló que era necesario terminar con el reparto masivo de tierras. En el primer informe de Gobierno en 1989 Carlos Salinas dijo:
El reparto masivo de tierras ha concluido. Quien afirme que todavía existen millones de hectáreas por repartir está mintiendo, declaración que inició un ambicioso programa de reformas constitucionales y legales, que culminaron cuando el
1 de noviembre de
1991, Salinas anunciaba durante su tercer informe de gobierno la decisión de impulsar una profunda reforma a la Constitución y a las leyes en materia agraria. Luego de intensos debates que cimbraron la estructura del
PRI, la reforma fue aprobada por la
Cámara de Diputados el
7 de diciembre de 1991 y por el Senado el 12 de diciembre del mismo año.
La reforma fue publicada el 6 de enero de 1992 en el
Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el día siguiente.
Relación Iglesia-Estado
Parte del legado de la administración Salinas lo constituye la amplia reforma de la relación Estado-Iglesia promovida por él. La reforma fue consecuencia de una serie de cambios culturales y políticos que hicieron inaplicable la letra o el espíritu de la legislación vigente en México hasta 1992 en materia de relaciones Estado-Iglesia.
Las visitas del
Papa Juan Pablo II hicieron evidente la incapacidad del Estado para aplicar la legislación. Además, en distintos estados de la República, la Iglesia se convirtió en un importante promotor de severas críticas al carácter autoritario del régimen político vigente en México.
Durante la década de los ochenta, la Iglesia, especialmente líderes de la
Conferencia del Episcopado Mexicano como
Ernesto Corripio Ahumada, lanzaron una serie de retos a la legislación vigente en el país que alcanzaron un punto álgido cuando en 1986, en el contexto de la elección en el estado de
Chihuahua, los obispos de ese estado amenazaron con organizar, como durante la
Guerra Cristera, una huelga de cultos.
[cita requerida]
La huelga fue impedida por la intervención del entonces
delegado apostólico Girolamo Prigione, pero evidenció--por una parte--la incapacidad del Estado para subordinar a la Iglesia y, por la otra, los severos problemas de legitimidad que el régimen enfrentaba.
[cita requerida]
Salinas advirtió la dimensión del reto planteado por la Iglesia y fue así que inició una política de acercamiento que incluyó, primero, como candidato presidencial, una serie de visitas a los obispos mexicanos en sus lugares de origen. Después de la elección, la Iglesia ofreció a Salinas un gesto simbólico cuando tres prelados (Ernesto Corripio Ahumada,
Genaro Alamilla Arteaga y Girolamo Prigione) acudieron a la toma de posesión de Salinas el 1 de diciembre de 1988. A partir de ahí se iniciaron una serie de acercamientos y negociaciones que culminaron en 1992.
Fue en ese año que el Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reformas a los artículos 3, 5, 27, 28 y 130 de la Constitución. Las reformas, apoyadas por una abrumadora mayoría de diputados y senadores del Congreso electos por los tres principales partidos políticos de México (
Partido Revolucionario Institucional,
Partido Acción Nacional y
Partido de la Revolución Democrática) modificaron de manera radical los términos de la relación con las iglesias, especialmente con la católica. El siguiente paso ocurrió cuando se reanudaron, luego de más de un siglo de estar interrumpidas, las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede para dar paso, finalmente, a la promulgación de nuevas leyes reglamentarias de las relaciones Estado-iglesias.
Carlos Salinas fue, en este sentido, el primer presidente mexicano en recibir al Santo Padre
Juan Pablo II en su condición de Jefe del Estado Vaticano, durante la tercera visita a México del pontífice en el estado de
Yucatán, el 11 y 12 de agosto de 1993, siendo testigos Mons.
Manuel Castro Ruiz, Arzobispo de Yucatán y
Dulce María Sauri Riancho, Gobernadora del Estado de Yucatán.
La nueva legislación otorga personalidad jurídica a las iglesias y devolvió parcialmente los derechos políticos a los así llamados "ministros de culto", que ahora pueden votar. Sin embargo, la legislación mexicana aún desconoce el derecho de los "ministros de culto" a ser votados, además de que impone mecanismos muy restrictivos para el ingreso de personal religioso extranjero a México. La personalidad jurídica de las iglesias está limitada también en lo que hace a su capacidad para ser propietarias de bienes inmuebles y especialmente para ser propietarias u operar medios de comunicación electrónicos.
Salinas ha expresado en fechas recientes su insatisfacción con los resultados de la reforma, aunque nunca ofrece detalles del porqué de su insatisfacción por lo que observadores de la política mexicana estiman que se trata de una manera de admitir errores y evitar aparecer como intransigente ante la opinión pública del país que le reclama la insensibilidad con la que desarrolló algunas de sus políticas y, sobre todo, el descuido que él mismo admite tuvo al permitir que su hermano Raúl violara flagrantemente las leyes del país.
Programa Nacional Solidaridad
El
2 de diciembre de
1988 se puso en marcha el programa
Solidaridad, como primera acción de gobierno el cual trataba de lograr mayor justicia social más allá de un esquema de transferencia de recursos o de subsidios focalizados. Para lograr a cabo este proyecto no solo era necesario el apoyo del gobierno, sino también la participación organizada de la población, impulsados con un sentimiento de nacionalismo y de desarrollo social.
[16]
Este programa fue encabezado por
Carlos Rojas Gutiérrez, entonces subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología, siendo titular
Patricio Chirinos Calero y fue en gran medida administrado por el secretario de Programación y Presupuesto
Ernesto Zedillo, posteriormente en
enero de
1992, pasó a formar parte de la recién creada
Secretaría de Desarrollo Social, con
Luis Donaldo Colosio, como titular.
Durante seis años se invirtieron el equivalente a casi 18 000 millones de dólares, de los cuales el 67 por ciento fue de recursos federales y el resto de gobiernos locales e inclusive de los propios participantes.
[17]
Los logros alcanzados fueron muchos entre los cuales se pueden destacar, la rehabilitación y construcción de miles de escuelas, la organización de la población para introducir agua potable a sus comunidades, la introducción de servicio eléctrico en miles de comunidades rurales. La rehabilitación y construcción de cientos de hospitales
[18] la pavimentación de miles de colonias populares, la entrega de más de 2 millones de escrituras y títulos de propiedad en zonas irregulares, más de un millón de créditos a la palabra a campesinos.La construcción de más de 20 000 kilómetros de caminos rurales así como la reconstrucción de 15 000 kilómetros de carreteras. La instalación de más de 14 000 tiendas de abasto comunitario.
[19]
Con algunas importantes modificaciones y con el nombre de
Progresa durante el sexenio de Ernesto Zedillo y
Oportunidades, durante el sexenio de Vicente Fox, estos programas han seguido constituyendo el tronco principal de la política social del gobierno federal en México.
Asesinato de Luis Donaldo Colosio
El 23 de marzo de 1994 durante un acto de su campaña electoral en la colonia popular Lomas Taurinas de
Tijuana,
Baja California fue asesinado
Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial electo del
PRI, por medio de 2 disparos (uno de ellos en la cabeza), en el instante fue detenido el autor de este hecho
Mario Aburto Martínez.
El 24 de marzo fue declarado día de luto nacional y el izamiento de la bandera nacional fue a media asta en señal de duelo.
El 29 de marzo el
PRI postuló como candidato sustituto a
Ernesto Zedillo Ponce de León.
Crisis Económica de 1994 y Error de diciembre
Para el año 1994 Carlos Salinas de Gortari tuvo un elevado gasto gubernamental en obras públicas con el objeto de mantener la inercia de crecimiento de su gobierno y con ello la popularidad. Este gasto gubernamental llevó a un déficit de cuenta corriente histórico (un 7% del PIB) y para poder lidiar con ello Salinas emitió los
Tesobonos, instrumentos financieros del gobierno que aseguraban pagos en dólares y con los cuales pudo recaudar fondos el Banco de México. Con los diversos sucesos políticos ocurridos en 1994 (asesinatos de Luis Donaldo Colossio y José Francisco Ruiz Massieu, líderes del PRI y la rebelión insurgente en Chiapas), muchos de los inversionistas se asustaron y fueron a canjear los Tesobonos por efectivo, vaciando las reservas monetarias del Banco de México.
Era necesario la toma de decisiones económicas para impedir la crisis, tales como alza en las tasas de interés para recuperar reservas y contraer la base monetaria o generar una devaluación controlada del peso. Sin embargo Salinas de Gortari no tomó ninguna acción, presuntamente con el objetivo de no perder popularidad puesto que buscaba el apoyo internacional para su candidatura a director general de la Organización Mundial de Comercio.
Ernesto Zedillo, su sucesor, incapaz de articular una estrategia de amortiguamiento de los vencimientos de pagarés denominados en dólares, (Tesobonos) y con un manejo incorrecto en términos políticos, fué corresponsable y precipitó el advenimiento de una de las peores crisis financieras que ha vivido México, conocida como
error de diciembre; y en el exterior como
efecto Tequila.
Al poco tiempo de dejar el cargo, el
28 de febrero de
1995 su hermano
Raúl fue arrestado tras haber sido acusado de diversos delitos entre los que destacaban el tráfico de influencias, corrupción, evasión fiscal y la autoría intelectual del asesinato de su ex cuñado, el entonces diputado federal
José Francisco Ruiz Massieu. Los delitos de corrupción y evasión fiscal, quizás los más evidentes, dejaron de ser perseguidos por el gobierno vía diversos artefactos legales. En el 2005, tras 10 años, tres meses y 13 días, Raúl Salinas de Gortari quedó libre, exonerado del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Le quedan pendientes procesos por delitos considerados menores, como falsificación de documentos y tráfico de influencias.
Raúl Salinas de Gortari
El 1 de marzo de 1995, el ex presidente Salinas de Gortari se declaró en huelga de hambre durante 36 horas. Salinas alegaba que el arresto de su hermano y el clima de linchamiento mediático que se había propiciado a partir del "error de diciembre" provenían directamente de los
Pinos. El
3 de marzo de
1995, tras una reunión en la residencia oficial, Salinas abandonó el país para regresar sólo esporádicamente por asuntos familiares durante el sexenio de Zedillo.
Otro de los hermanos,
Enrique Salinas de Gortari, a quién la
Interpol investigaba por presunto lavado de dinero, fue asesinado en el
Estado de México, en
2004 en circunstancias aún no esclarecidas
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